Cuando los airados y ocasionalmente violentos manifestantes salieron a las calles de Santiago, la capital de Chile, en 2019 y 2020, sus quejas eran múltiples. Los estudiantes se manifestaron contra las costosas matrículas; otros se manifestaron contra el sistema privado de pensiones del país y la deficiente atención sanitaria. Muchos culpaban de los males de Chile a un documento: la Constitución aprobada en 1980 bajo el mandato de Augusto Pinochet, el dictador que gobernó de 1973 a 1990.

Para sofocar las protestas, en las que murieron al menos 30 personas, el gobierno de centro-derecha de entonces aceptó que se redactara una nueva constitución. Se eligió una asamblea constituyente de 155 personas, muchas de ellas procedentes de movimientos sociales y no de partidos establecidos. El resultado final de su regateo se hizo público el 4 de julio. Es absurdamente larga, con 388 artículos. También es fiscalmente irresponsable y a veces puntillosa.

 
Para ser justos, omite algunas de las peores ideas ventiladas en la asamblea, dominada por los izquierdistas. Entre ellas, la nacionalización de todos los recursos naturales (la minería genera el 12% del PIB) y la supresión de la Cámara Alta. El Banco Central mantiene su independencia, aunque sus competencias se han ampliado para incluir “la protección del empleo, el cuidado del medio ambiente y el patrimonio natural”.

Algunas ideas son loables. El documento exigiría la devolución de algunas competencias a las regiones, y daría a los indígenas el derecho a recibir enseñanza en sus propias lenguas en las escuelas. Parece que exige que se aprueben leyes para legalizar el aborto y el suicidio asistido.

Pero, en general, el proyecto es un embrollo confuso, lleno de un lenguaje vago que garantiza más o menos décadas de disputas sobre lo que realmente significa. La “naturaleza” tendría derechos. El proyecto menciona el “género” 39 veces. Las sentencias judiciales, la policía y el sistema nacional de salud tendrán que funcionar con una “perspectiva de género”, que no define.

El documento es mucho menos favorable a las empresas o al crecimiento que la Constitución actual. Da a los sindicatos el derecho exclusivo a representar a los trabajadores, les garantiza la participación en la toma de decisiones de las empresas y les permite hacer huelga por cualquier motivo, no sólo los relacionados con el trabajo. Dice que todo el mundo tiene “derecho al trabajo” y que “se prohíbe toda forma de precariedad laboral”. Esto podría dificultar el despido. Los propietarios de tierras, como los agricultores, podrían perder los derechos de propiedad del agua en sus tierras. La compensación por las tierras expropiadas no sería a precio de mercado, sino a lo que el Congreso considere “justo”.

El proyecto crea una cartera de derechos socioeconómicos que podría disparar el presupuesto. Exige la creación de varios organismos nuevos, como un sistema nacional de salud integrado, y la atención de la cuna a la tumba, sin pensar demasiado en cómo se financiarían. El Estado supervisaría la provisión de vivienda, a la que dice que toda persona tiene derecho. Se prohibiría la especulación inmobiliaria. También la educación con fines de lucro.

Los controles legales del gobierno se diluirían. Un nuevo consejo tendría poder sobre todos los nombramientos judiciales; anteriormente el Tribunal Supremo, el presidente, el tribunal de apelaciones y el Senado tenían un papel. El proyecto modifica el proceso presupuestario al otorgar al Congreso nuevos poderes para proponer proyectos de ley de gastos, aunque el presidente pueda vetarlos.

El documento es ridículamente amplio. Dice que el Estado debe “promover el patrimonio culinario y gastronómico” de Chile y reconocer “la espiritualidad como elemento esencial del ser humano”. Todos tienen “derecho al deporte”. Los no humanos también tienen cabida: el Estado promoverá “una educación basada en la empatía y el respeto a los animales”.

La antigua constitución chilena no era perfecta. De hecho, ha sido modificada casi 60 veces. Pero comparada con la que se propone sustituir, es un dechado de claridad. Y lo que es más importante, el antiguo proyecto de gobierno funciona. Desde que se restauró la democracia, Chile ha sido un éxito latinoamericano. El PIB por persona se ha triplicado desde 1990 y la pobreza ha disminuido.

En lugar de desechar la vieja constitución, los chilenos deberían desechar la nueva. Cuando el proyecto se someta a referéndum en septiembre, deberían rechazarlo. A continuación, el Congreso debería hacer un esfuerzo decidido por reformar la Constitución vigente para aplacar el descontento de los chilenos, por ejemplo, facilitando la construcción de un sólido Estado del bienestar. Eso puede sonar poco inspirador para quienes salieron a las calles en 2019 y 2020. Pero a largo plazo es mucho más probable que haga que Chile sea próspero y gobernable.

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