Jóvenes Líderes NewsUn representante del Vaticano advirtió que se cometería un "pecado grave" si la Santa Sede se viera obligada a entregar unos mensajes de textos y correos electrónicos que se le solicitaron en el marco de un juicio en el Reino Unido, informó Bloomberg este viernes.
De acuerdo con el sacerdote y abogado Carlos Fernando Díaz Paniagua, la correspondencia que fue intercambiada entre un arzobispo y un cardenal está protegida por el secreto pontificio, que se aplica a la información confidencial relacionada con las autoridades del Vaticano.
"La violación del secreto pontificio se considera un pecado grave", sostuvo Díaz Paniagua durante una declaración testimonial presentada ante un tribunal de Londres el mes pasado.
La solicitud legal de las pruebas surgió a raíz de un caso que se remonta al 2018, y que investiga una inversión de 350 millones de euros (383 millones de dólares) de la Secretaría de Estado de la Santa Sede en un negocio inmobiliario en Londres. En consecuencia, un total de diez personas están siendo juzgadas en la Ciudad del Vaticano por varios cargos.
Entre ellas se encuentra el financiero Raffaele Mincione, acusado de estafa por el Vaticano por presuntamente venderle a la Iglesia un lujoso edificio en la capital británica por un precio inflado. En respuesta, Mincione acudió a los tribunales del Reino Unido para demandar a la Santa Sede por daños a su reputación por culpa de las mencionadas acusaciones.
Fue entonces cuando sus abogados solicitaron ver el intercambio de comunicaciones entre el cardenal Pietro Parolin y el arzobispo argentino Edgar Peña Parra, dos altos funcionarios eclesiásticos, ya que, según afirman, tal información podría ser relevante para el caso. Sin embargo, Díaz Paniagua sostuvo que "no era razonable ni proporcionado realizar una búsqueda de los documentos dada la 'participación periférica' de Parolin en la transacción", dice la agencia.
Al mismo tiempo, el Vaticano sostiene que tanto Parolin como Peña Parra se encargan de asuntos de "alto nivel" y, por este motivo, los mensajes y documentos que se intercambiaron a través de plataformas de mensajería deben considerarse como secretos de Estado. Los altos funcionarios de la Iglesia tienen prohibido revelar los datos relacionados con su cargo, ya que de lo contrario pueden ser suspendidos de sus funciones o directamente despedidos.
"Los funcionarios públicos de la Santa Sede y de la Ciudad del Vaticano hacen un juramento solemne de no revelar asuntos bajo el secreto pontificio independientemente de cualquier consideración grave o urgente o la necesidad de proteger el bien común", aseguró Díaz Paniagua en la declaración del testigo.
Según sus palabras, tal reglamento "sirve para proteger el proceso deliberativo interno de la Santa Sede, al igual que cualquier otro Estado tiene derecho a proteger su propia seguridad, intereses soberanos y actividades diplomáticas". Actualmente, los abogados del Vaticano tienen hasta el 28 de abril para decidir si continúan esgrimiendo el concepto del secreto pontificio como motivo para oponerse a la solicitud.
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