La polémica en torno a la ley conocida como del 'solo sí es sí' continúa en España después de que se hayan producido cerca de 300 rebajas de penas de agresores sexuales, desde que entró en vigor el pasado 7 de octubre. 

Una de las expertas que participó en la redacción de la norma, la catedrática de Derecho Penal Patricia Fajardo, reconoce que se contempló este escenario. "Sabíamos que las penas se reducían, sí. Algunas, porque otras aumentaron notablemente", relató en una entrevista en La Opinión de A Coruña, a lo que añadió: "Lo que no sabíamos era la reacción que iban a tener los medios de comunicación ante algo que es absolutamente normal en todas las reformas penales".

Si embargo, esta aplicación reactiva de la norma más beneficiosa para el reo mantiene al Ejecutivo sumido en tensiones entre sus dos socios de Gobierno. La parte de Unidas Podemos (UP), a la que pertenece la ministra de Igualdad, Irene Montero, impulsora de la legislación, es partidaria de no tocar una coma; mientras que el lado socialista aboga por retocar la normativa y aumentar las penas, algo que no solucionaría el goteo de rebajas debido a la irretroactividad de las leyes más penosas para el reo.

En los últimos días el Ministerio de Igualdad ha asumido que esa reforma se llevará a cabo, aunque insiste en que el problema está en la incorrecta aplicación por parte de una minoría de jueces.

Fusión de dos delitos y ampliación de la horquilla de penas
   
Faraldo explica en El Confidencial que se creó "un tipo penal nuevo", fusionando los delitos de abuso y agresión sexual, por lo que se incluyeron "conductas que antes eran de escasa importancia", lo que obligaba inevitablemente a "bajar algo las penas".

Relata igualmente que "también se subieron otras", porque "se hizo un reajuste de todos los delitos". Así, bajó la condena para algunas conductas y subió la de otras, pero recalcó que ante este escenario no "esperaban este revuelo mediático", que califica de "absolutamente desproporcionado".

Faraldo sostiene que lo que está sucediendo está dentro de los parámetros normales y que es la reacción de los medios lo que da la impresión de que "solo se han bajado las penas", cuando a la vez "se han subido considerablemente en otros tipos penales".

La catedrática sostiene que lo importante para la protección de las víctimas no radica en la gravedad de las penas, sino en desplegar cuanto antes las herramientas que contempla la ley y que todavía no están dotadas económicamente.

Ese decálogo de medidas contempla una mayor dotación de recursos para Fiscalía y fuerzas de seguridad dedicadas a las mujeres víctimas de violencia o una atención psicológica y psiquiátrica especializada para ellas, entre otras.

Además, la experta se posiciona en contra del "populismo punitivo" y afirma que no es partidaria de aumentar unas penas, que ya son las más elevadas de Europa. Para ella, las condenas más elevadas no son sinónimo de más protección, puesto que los delincuentes no las tienen en cuenta a la hora de infringir la ley: "Generalmente, las desconocen", dice.

La titular de Igualdad también se ha mostrado en repetidas ocasiones contraria a ese punitivismo, si bien la reforma planteada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, según apuntó el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, va en esa dirección, en la de aumentar unas penas que, sin embargo, no podrán aplicarse de manera retroactiva.