El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha decidido ilegalizar el aborto. Así lo afirma la web 'Politico', basándose en el borrador de una sentencia del Tribunal a la que ha tenido acceso. La opinión de la mayoría de los 9 miembros del Supremo ha sido escrita por el juez conservador Samuel Alito, que fue nominado por George W. Bush y, en su quinta página, declara que "Roe versus Wade fue atrozmente erróneamente desde el primer momento". Roe versus Wade es la sentencia del Supremo de 1973 en virtud de la cual se legalizó el aborto.

Se trataría, así pues, de una decisión histórica, tanto por lo que significa como por la increíble filtración de las deliberaciones del Supremo, y la consiguiente pérdida de prestigio de la más alta instancia judicial estadounidense, que en Estados Unidos, además, tiene un poder sin parangón en ninguna otra democracia liberal. Según 'Politico', los cinco jueces conservadores apoyan la sentencia, mientras que los tres de izquierdas la rechazan. El presidente del Supremo, John Roberts, nombrado por George W. Bush pero que ha ido girando al centro, sobre todo en cuestiones sociales, aún no ha definido cómo votará.

Durante 49 años, el aborto ha sido legal en Estados Unidos por el proceso legal lanzado por la texana Rhonda McCorney - bajo el seudónimo 'Jane Roe', con el que se preservó su anonimato - contra el fiscal de su distrito, Henry Wade, en 1969. Tras cuatro años de batalla legal, el caso llegó al Supremo, que declaró que el aborto se ajusta a la Constitución y, además, estableció plazos extremadamente amplios para llevarlo a cabo.

Pero la decisión de los jueces nunca aplacó a la opinión pública. De hecho, el Congreso de Estados Unidos ha dejado pasar estas cinco décadas sin promover ni una sola ley que consolide la sentencia. La razón es simple: los congresistas saben que el aborto es un pantano de arenas movedizas políticas en el que la muerte política está garantizada. Entretanto, la opinión pública ha quedado dividida, con una tensión creciente entre 'pro-vida' (en favor de la prohibición del aborto) y 'pro-elección' (en contra) que en ocasiones ha ido más allá del debate político y ha degenerado en violencia, como cuando en 2015 tres personas fueron asesinadas en un atentado contra un establecimiento en el que se realizaban abortos en Colorado. En los últimos dos años, una serie de estados controlados por el Partido Republicano han logrado con éxito limitar al máximo los plazos del aborto en EEUU con el objetivo de que sus regulaciones fueran llevadas al Supremo y éste tuviera que decidir, de nuevo, sobre 'Roe versus Wade'. El 59% de los estadounidenses están a favor de que el aborto sea legal, mientras que el 39% opina que debe ser penalizado. Son exactamente las mismas proporciones que en 1973, según los análisis del Centro Pew para la Opinión Pública, una organización independiente sin ánimo de lucro.

Una eventual prohibición del aborto sería un terremoto político y social en Estados Unidos. El borrador de la sentencia escrito por Alito afirma que el aborto debe regresar "a los legisladores", lo que supone pasarle es patata incandescente, más que caliente, al Congreso. Al mismo tiempo, la prohibición del aborto sería un motivo de movilización enorme para los demócratas en las elecciones legislativas de noviembre de este año y, probablemente, en las presidenciales de 2024.

Finalmente, está el descrédito institucional. En sus casi dos siglos y medio de existencia, el Supremo de Estados Unidos jamás ha tenido una filtración e este tipo. La noticia de 'Politico', así, ahonda en la idea de cada vez más estadounidenses de que ese tribunal está totalmente politizado. Es una percepción, además, correcta: los presidentes republicanos nominan a jueces republicanos, y los demócratas a jueces de su partido. De hecho, el Partido Republicano lleva cuatro décadas, desde la presidencia de Ronald Reagan, ejecutando una estrategia para controlar el sistema judicial de Estados Unidos, algo perfectamente legal en ese país, en el que los políticos eligen a los jueces. Solo con Joe Biden los demócratas han empezado a contraatacar. Pero, con cuatro décadas de retraso, la iniciativa está del lado republicano.

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