OPINIÓN: DERECHOS ANCESTRALES Y EL CONFLICTO EN CHILE, Por Daniela Calderón

En primera instancia, la población mapuche ronda alrededor de dos millones de personas misma que conforma entre el 10-12% de la población chilena, sin embargo, el Estado Chileno no ha reconocido la existencia de los pueblos indigenas en su nación, a diferencia de otros Estados Latinoamericanos como México, Perú y Bolivia. 

La falta de reconocimiento de los pueblos indigenas dificulta su participación en espaciones públicos y, de igual forma, obstaculiza la resolución pacífica de conflictos a través de representantes mapuches y del gobierno de Chile.

Lo anterior ha ocasionado el surgimiento de un conflicto arraigado que gira en torno a la reivindicación, en razón de un derecho ancestral, de los territorios en la zona del Auraucanía por parte de los mapuches que buscan invalidar el Tratado de Tapihue celebrado en 1825, a partir del cual, los colonos europeos comenzaron a apoderarse de las tierras de dicha zona. 

 En la actualidad, el conflicto mapuche en Chile se ha caracterizado por acciones violentas contra los civiles y las empresas forestales ubicadas en la zona del Araucaunía, asimismo, por una respuesta carácter militarizante por parte del presidente Sebastían Piñera quien el pasado martes 12 de octubre decretó estado de emergencia en dicha zona, así como, la llegada de tropas militares y de la marina.

Como en todas las historias, siempre existen “dos caras de una misma moneda”, en esta caso particular tenemos por un lado, a los mapuches, quienes no gozan de un reconocimiento constitucional como pueblo orginario del Estado Chileno y la lucha por la reivindicación de las tierras en la zona de la Auraucanía basadas en un “derecho ancestral”. 

Por otra parte, se encuentra el lado del gobierno chileno que busca controlar los ataques de la población mapuche que, sin duda, constituyen actos de violencia en contra de propiedad privada como lo son la quema de camiones eincendios a haciendas mismos que se han buscado neutralizar bajo la militarización de la zona.

El Presidente Sebastian Piñera ha solicitado, por tercera vez, la extensión del estado de excepción en la zona y el envío de tropas a la zona catalogando los ataques de la comunidad mapuche como “terroristas” y como “una violación al Estado de Derecho”, sin embargo, es incierto si el Congreso aceptará dicha solicitud, toda vez, que la oposición tiene la intención de rechazarla. 

Por otra parte, la posición de los mapuches ante el conflicto es clara, toda vez, que sus organización como la Coordinadora Arauco Malleco y Wichan Aukan Mapu siguen la misma línea discursiva sobre su postura de resistencia y uso de la fuerza con el fin de conseguir la devolución de las tierras.         

Chile se encuentra entre una encrucijada y la contraposición de distintos derechos, por una parte, la entrega de las tierras de la zona en virtud de un derecho ancestral a los mapuches que, a su vez, implicaría ceder ante los actos violentos de dicha comunidad lo cual podría denotar una “debilidad” por parte del gobierno chileno. De igual forma, resulta relevante explorar cual es la naturaleza y legitimidad juridica de dicho derecho ancestral, el cual se remonta a mediados del sigo XIX, al que alude la comunidad mapuche, así como, bajo que parametros la comunidad mapuche determina que dichas tierras les pertenecen o si la entrega de las tierras reclamadas por la comunidad mapuche implica un “premio de consolación” ante la falta de reconocimiento constitucional de los pueblos indigenas. Asimismo, la situación actual nos lleva a cuestionar que ocurriría tanto con los civiles que residen en la zona como con las empresas ubicadas ahí, en virtud de que ostentan derechos de propiedad legitimos sobre las tierras reclamadas, si estas serán expropiadas, devueltas a los mapuches o simplemente si estas se mantendran en su situación jurídica actual.

Lo que resulta realmente importante en este conflicto, es por una parte, el reconocimiento de los derechos de las comunidades indigenas y, por otra, el uso de la fuerza como vía legítima alcanzar un fin. En este caso, ambas vertientes se encuentran intimamente relacionas porque las comunidades indigenas al no ser reconocidas por el marco jurídico carencen de vías pacíficas para la resolución de conflictos y al no existir éstas últimas lleva al uso de la fuerza para conseguir, particularmente, la reivindicación de tierras. Si bien, la militarización por parte del estado se interpreta como “represión”, tambien es importante recordar que la comunidad ha hecho del mismo uso de la fuerza para enviar un mensaje, por lo que, más que discutir sobre quien esta siendo más agresivo o más represor resulta más importante la creación de espacios en los que ambas partes se puedan reunir para dialogar y  alcanzar fines comunes. 

Por Daniela Calderón Juárez, estudiante de la Licenciatura de Derecho en el Tecnológico de Monterrey.

EL PRESENTE ES UN ARTÍCULO DE OPINIÓN Y NO REPRESENTA, NECESARIAMENTE, LA OPINIÓN DEL EDITOR.

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