Denuncian que más de 30 cachorros beagle serán sacrificados en un experimento científico y se desató la polémica

Un cachorro beagle en Vivotecnia: en abril del año pasado se difundieron imágenes estremecedoras de prácticas crueles en el laboratorio madrileño (Cruelty Free Internacional)

Son 32 cachorros raza beagle de ocho meses. No tienen nombre: los identifican con un número escrito en marcador negro en su cabeza rapada. Están encerrados en jaulas centímetros más grandes que su cuerpo en un laboratorio ubicado en Tres Cantos, un municipio español de la comunidad de Madrid. En diciembre del año pasado empezaron a suministrarles un fármaco antifibrótico: dosis únicas y repetidas. Se dispusieron a esperar. Los enfermaron durante 28 días, sin medicación paliativa. Una vez recogidos los resultados del experimento, los matarán. Las organizaciones animalistas que difundieron esta práctica informaron que el sacrificio será el lunes 24 de enero. Esperan detener esa ejecución.

Asumen que están los cachorros enfermos y los cachorros sanos. El experimento consistió en intoxicar a 16 hembras y 16 machos y dividirlos en cuatro grupos: el de control, el de dosis baja, el de dosis intermedia y el de dosis alta. El propósito de la segregación es el de calcular la dosis justa relativa al daño aplicado en cada perro. Uno de los reclamos de las entidades protectoras de animales es que los ejemplares sanos sean dados en adopción. El laboratorio argumenta, en cambio, que precisa realizarle la necropsia a todos los cachorros involucrados en el procedimiento científico a efectos de obtener el resultado completo de la investigación.

La noticia se diseminó rápidamente por las redes sociales. Cuentas de Instagram de usuarios españoles como La Vaca Style e Investigación Sin Experimentación Animal, desde donde se promueve la conciencia animal, se castiga el especismo (“discriminación de los animales por considerarlos especies inferiores”, traduce la RAE) y se pregona la abolición del ensayo científico en animales, visibilizaron el experimento, regaron su indignación y detallaron la razón de su preocupación.

Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), los resultados obtenidos en ensayos con animales no son extrapolables a los humanos

La investigación científica es respaldada y financiada por la Universidad de Barcelona. El 10 de noviembre de 2021, la fundación Parque Científico, un organismo dependiente del centro de estudios catalán, lanzó una licitación pública para realizar pruebas farmacológicas y de toxicidad en más de treinta cachorros beagles durante 28 días ininterrumpidos. Hubo un único postulante. El contrato se rubricó a cambio de 255.648,80 euros. El laboratorio que se presentó al concurso público fue Vivotecnia.

Vivotecnia, una organización dedicada a la investigación por contrato para empresas farmacéuticas y de biotecnología, cursa aún un procedimiento judicial por presunto delito de maltrato animal: entidades animalistas presentaron a mediados del año pasado una querella criminal conjunta que avanza en el Juzgado de Colmenar Viejo en Madrid. Una denuncia de la ONG Cruelty Free Internacional (CFI) destapó, en abril de 2021 y a raíz de un artículo periodístico publicado por elDiario.es, la crueldad con la que los trabajadores se relacionan con perros, cerdos, ratones, conejos y monos. Las pruebas que se les hacen a estos animales sirven para medir el nivel de toxicidad en productos químicos, agroquímicos y cosméticos, y para dosificar, así, la cantidad “segura” capaz de tolerar por un ser humano. En ese proceso, los animales sufren fiebre, pérdida de peso, vómitos, hemorragias internas, insuficiencia orgánica, dificultad respiratoria. Y la muerte. Incluso los sanos mueren para estudiar por qué no se intoxicaron como los otros.

“Esto muestra una vez más el lado oscuro de las pruebas regulatorias de toxicidad en animales. Hemos descubierto una horrenda mezcla de sufrimiento y crueldad en la forma en que los animales son alojados, manipulados y abusados en las pruebas de toxicidad, así como innumerables infracciones de la legislación española y de la Unión Europea”, expresó la doctora Katy Taylor, directora de asuntos científicos y regulatorios del organismo no gubernamental, según consigna el medio español La Vanguardia.

CFI accedió a fotos y videos en el laboratorio gracias a la gestión de un ex empleado arrepentido, hoy tratado como testigo protegido en el proceso judicial. Los documentos recogidos son estremecedores: se distinguen cómo los trabajadores ejercen actos deliberados de violencia en contra de los animales. Se escuchan burlas, risas, insultos, se ven golpes arteros, sacudidas adredes y desproporcionadas, prácticas de sometimiento que procuran solo infligir más dolor y sufrimiento. Los dichos y las imágenes, sensibles al criterio común, encendieron un repudio global.

El laboratorio anunciaba que no iniciaba ningún proyecto de investigación sin antes respetar la evaluación ética adecuada, requerida y autorizada por las autoridades competentes. En su sitio web, que ahora está caído, presumían: “Nuestro objetivo es alcanzar los más altos estándares en bienestar animal, no solo desde el punto de vista de nuestra responsabilidad moral sobre ellos, sino también porque estamos convencidos de que no podemos alcanzar la excelencia en la investigación sin un adecuado bienestar animal. Nuestros experimentos con animales siguen el estándar legal y son evaluados por un Comité de Ética en Experimentación Animal que promueve el uso de métodos alternativos, la reducción del número de animales utilizados y el refinamiento en los protocolos experimentales aplicados”.

La Comunidad de Madrid suspendió un contrato vigente con el laboratorio, tras la publicación de esta investigación. Lo hizo amén de informes elevados por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), un órgano dependiente de la Guardia Civil cuya misión es “velar por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la conservación de la naturaleza y el medio ambiente”, y por un técnico veterinario que concluyó que en Vivotecnia se incurría en maltrato animal.

En cambio, la Universidad de Barcelona publicó un comunicado la mañana del 18 de enero alusivo a la polémica. Informó que la investigación científica en curso corresponde a una entidad alojada en la fundación y que el experimento “busca desarrollar curas para enfermedades fibróticas y comporta el estudio histopatológico de los órganos de 32 perros de raza beagle”. Expresó, a su vez, que aún no dio comienzo a la fase de experimentación, sino que está prevista para mediados de marzo. “Por ahora -explica-, se está elaborando el protocolo de trabajo, con la consiguiente evaluación y validación de todos los requisitos aplicables establecidos tanto en las normativas autonómicas, estatales y europeas, como en los preceptos éticos que vinculan tanto al PCB como a la UB. Así pues, de momento no se ha iniciado ninguna fase experimental”.

Por último, la carta firmada por el rectorado de la universidad ofrece dos consideraciones. Destaca que “la práctica con animales es en estos momentos insustituible a efectos de garantizar el progreso científico, especialmente de la biomedicina, la cual permite hacer frente a las múltiples enfermedades que nos afectan”, advierte que es una metodología que se realiza “con la máxima exigencia ética” a fin de reducir el daño en los animales que “forman parte” de los experimentos, y asume el compromiso de buscar alternativas para que el progreso científico no recurra a experimentación animal.

“Esto pasa en cualquier laboratorio. Experimentar es intoxicar o dañar a un animal sin paliar su dolor”, respondieron a Infobae quienes dirigen la organización Investigación Sin Experimentación Animal (ISEA). Prefirieron no revelar su identidad y argumentaron: “Es una industria muy feroz”. Persiguen los pormenores del caso de los beagles desde fines de 2021. Pidieron, desde el comienzo, la liberación de los cachorros. Exigen ahora que se les entreguen los 32 animales. “Si el experimento no ha empezado, pedimos que la Universidad de Barcelona rompa el contrato con Vivotecnia y nos los den. Si el experimento ha comenzado, que nos los den y que no realicen la necropsia que es lo que quieren hacer”, indicaron.

Desde las organizaciones proteccionistas difundieron datos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA): hablan de un fracaso de los ensayos preclínicos en la traslación a pruebas clínicas. Aseguran que el 92% de los medicamentos que resultan ser seguros en animales no lo son en humanos. “La experimentación animal no es buena ni para los animales ni para los humanos. Cada especie es diferente. Por eso podemos curar el VIH en macacos o el cáncer en ratones pero no en humanos. Necesitamos métodos basados en biología humana”, sostuvieron desde el organismo proteccionista.

Los activistas consiguieron, además de concebir un clamor popular, de sembrar un repudio unánime y de concentrar cientos de miles de likes y enlaces compartidos, que la polémica escale al plano institucional. El lunes, Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, se plegó al reclamo. Publicó en sus redes sociales fotos de la carta que le envió a la consejera de Acción Climática del gobierno catalán. En su mensaje no solo incluyó el respaldo a la comunidad proteccionista sino que, incluso, se encargó de nombrar al cuestionado laboratorio y de condenar la crueldad de sus prácticas, hoy analizadas en la justicia local. “He pedido por carta a la consejera del gobierno de la Generalitat, Teresa Jordá, que evite el sacrificio de 38 cachorros de perro beagle en el estudio farmacológico que está impulsando Vivotecnia por encargo del Parque Científico. Todos recordamos las imágenes horribles del maltrato animal que esta empresa provocó en Madrid”. “Le pedimos a la Generalitat que ejerza sus competencias y proteja los derechos de los animales. Barcelona siempre estará en contra del maltrato animal”, finalizó.

Las organizaciones animalistas convocaron a una concentración en la plaza Sant Jaume el próximo sábado 22 de enero a las doce del mediodía. El hashtag difundido es #FreeBeaglesVivotecnia, invita a “salvar” a los cachorros del laboratorio e integra en la citación viral al Sindicato de Estudiantes y al Partido Animalista PACMA. Insisten que los 32 perros de ocho meses serán ejecutados el lunes 24 de enero y exclaman que se cumplan las legislaciones vigentes para la adopción y protección de los animales afectados al experimento en buen estado de salud.

El artículo 30 del Real Decreto 53/2013 del sistema jurídico español, que establecen las normas básicas aplicables para la protección de los animales destinados a experimentación, y la directiva 2010/63 del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, relativa a la protección de los animales utilizados para fines científicos, coinciden: disponen que al final de cada procedimiento se realoje a los animales domésticos sometidos a la investigación dado que es menester evitar la muerte como corolario de los experimentos y favorecer la reintroducción en el entorno familiar.

Tal vez los 32 cachorros beagles con la cabeza rapada y los números en su frente esperan una solución enfermos en sus jaulas. Habían sido elegidos para someterse a la investigación científica por ser perros buenos y dóciles, y por no morder nunca cuando los humanos abusan de su buen carácter.

Fuente: Infobae