EditorLa condena a muerte de un estudiante de 22 años en Pakistán por cargos de blasfemia a través de mensajes de WhatsApp ha desatado una ola de preocupación internacional por la libertad de expresión y los derechos humanos en el país.
Según los informes, un tribunal en la provincia de Punjab encontró al estudiante culpable de crear fotografías y vídeos blasfemos que contenían insultos contra el profeta Mahoma y sus esposas, con la presunta intención de ofender los sentimientos religiosos de los musulmanes. En el mismo caso, un joven de 17 años recibió cadena perpetua por compartir el material, siendo considerado como menor de edad por la justicia.
La acción legal contra los acusados se inició luego de una denuncia presentada en 2022 por la unidad de delitos cibernéticos de la Agencia Federal de Investigación de Pakistán en la ciudad de Lahore. El denunciante afirmó haber recibido los vídeos y fotografías de tres números de teléfono móvil diferentes.
Sin embargo, los abogados defensores han alegado que sus clientes fueron injustamente acusados y han prometido apelar las sentencias. El padre del estudiante condenado a muerte ha anunciado que presentará una apelación ante el Tribunal Superior de Lahore.
La blasfemia como delito está tipificada en la ley pakistaní desde la década de 1980, y contempla la pena de muerte como castigo máximo por insultar la religión o al profeta Mahoma. Esta legislación ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, que denuncian su uso para restringir la libertad de expresión y perseguir a minorías religiosas.
Esta no es la primera vez que casos de blasfemia generan controversia en Pakistán. Numerosas personas han sido atacadas y asesinadas por grupos extremistas antes de que sus casos fueran resueltos judicialmente. La comunidad internacional ha instado repetidamente al gobierno pakistaní a reformar estas leyes y garantizar un sistema judicial justo y equitativo para todos los ciudadanos.
La reciente condena a muerte del estudiante subraya la urgencia de abordar estas preocupaciones y proteger los derechos fundamentales de todos los ciudadanos en Pakistán.
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